A raiz de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 4 de febrero de 2016, conviene recordar los requisitos para decretar la custodia compartida.

Resulta necesario, por lo tanto, recordar lo dispuesto en el artículo 92.7 del Código Civil, según el cual, “no procederá la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de los padres está incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la vida física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos“.

Así mismo, el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno libre de violencia y que “en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir“.

Viene siendo necesario, por lo tanto, que para acordar el régimen de guarda y custodia compartida, entre los padres debe haber mutuo respeto en sus relaciones personales, que permita conductas que beneficien al menor, no perturben su desarrollo emocional y que, “pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad“.

Si bien, a veces es difícil distinguir entre la lógica conflictividad que puede existir entre progenitores por la ruptura, y la falta de mutuo respeto que pueda ir mas allá del momento o periodo de la ruptura matrimonial, como por ejemplo, cuando hay violencia de genero de por medio.

El Tribunal Supremo ha ido mas allá en su sentencia de 4 de febrero de 2016, en la que declara que la custodia compartida de los hijos resulta incompatible con “indicios de violencia de género”, al mantener la custodia a favor de la madre, como consecuencia de la condena del padre por delito de amenazas en el ámbito familiar,

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